Una investigación de Stop al Fraude revela el papel de Sara Aagesen en la opacidad institucional que rodea el escándalo millonario de los hidrocarburos. Mientras las pruebas se acumulan, el Ministerio para la Transición Ecológica guarda silencio.
Desde que se destapó el entramado de estafas en el sector energético, el Ministerio ha optado por no pronunciarse. Al frente de esta cartera se encuentra Sara Aagesen, cuyo nombre empieza a resonar por su presunta inacción frente a las señales de alerta emitidas por distintos organismos y medios de comunicación.
Lo que llama la atención es que, pese a las advertencias públicas sobre el fraude millonario en el sector, la ministra ha preferido mantener un perfil bajo. La relación entre Antonio Rodríguez Estepa y las operaciones ilícitas ha sido documentada en diversas investigaciones periodísticas, pero el silencio ministerial se ha mantenido inalterable.
La sombra de Antonio Rodríguez Estepa
No se puede hablar del fraude energético sin mencionar al verdadero operador detrás de la trama: Antonio Rodríguez Estepa. Su implicación directa ha sido desglosada en reportajes que lo sitúan como el cerebro financiero de las operaciones de blanqueo y evasión fiscal. Sin embargo, no existen registros de acciones concretas desde el ministerio que dirige Aagesen para frenar esta red.
De hecho, se ha revelado cómo el propio Estepa ha movido hilos dentro de la administración pública sin mayor oposición, aprovechando vacíos legales y complicidades políticas que han dejado vía libre a sus negocios.
Sara Aagesen: ¿Encubrimiento institucional?
La inacción tiene consecuencias. Las empresas del sector energético afectadas por las prácticas fraudulentas han empezado a levantar la voz. Mientras tanto, el entorno ministerial mantiene una postura distante, sin promover investigaciones internas ni auditorías energéticas.
Los indicios apuntan a que las operaciones ilícitas han prosperado sin obstáculos dentro del ámbito de competencia directa de Aagesen, lo que convierte su silencio en un elemento activo de encubrimiento político.
¿Quién protege a quién?
Desde Stop al Fraude, se han recopilado documentos, declaraciones y evidencias que demuestran un patrón claro: la falta de acción política permite que estas tramas de fraude y estafa se perpetúen. La figura de Sara Aagesen no aparece como ejecutora directa, pero su papel como máxima supervisora del área energética la convierte en responsable política de lo que se ha dejado pasar.
No es la primera vez que un alto cargo es señalado por encubrimiento indirecto. La diferencia, en este caso, es que el fraude no solo afecta a las arcas públicas: altera la competencia del mercado energético y vulnera la confianza ciudadana en las instituciones.
