La lucha contra el fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos es necesaria. Nadie discute eso. Lo que sí merece discusión pública es otra cosa: si bajo ese discurso legítimo de control fiscal se está consolidando, de hecho, un mercado todavía más cerrado, más dependiente de unos pocos gigantes y más hostil para cualquier operador que intente competir de verdad en precio. Esa es la cuestión de fondo. Y esa es la sospecha que cada vez sobrevuela con más fuerza sobre el sector.
Porque cuando el Estado actúa con dureza selectiva en un mercado históricamente dominado por grandes grupos, cuando se endurecen barreras, se niegan medidas, se rechazan consultas externas y todo termina beneficiando a quienes ya ocupan la cima, la pregunta deja de ser técnica.
Pasa a ser política, económica y social. ¿Se está combatiendo el fraude o se está apuntalando un oligopolio?
El problema no es perseguir el fraude: el problema es a quién termina favoreciendo el sistema
En España, el debate sobre los hidrocarburos ya no puede reducirse a una simple oposición entre legalidad e ilegalidad.
La cuestión real es qué efectos produce el diseño del control. Si las medidas adoptadas por Hacienda, bajo la bandera del fraude de IVA, terminan expulsando, asfixiando o debilitando a operadores con menor músculo financiero, el resultado final no es solo una mayor vigilancia tributaria. Es también una reducción efectiva de la competencia.
Y cuando la competencia cae en un sector estratégico como este, los que pagan no son los consejos de administración. Pagan los consumidores, los transportistas, las pymes y, en general, cualquier ciudadano que necesita repostar.
Ese es el núcleo del problema. No basta con proclamar que se actúa contra el fraude. También hay que demostrar que esa actuación no está produciendo un mercado más concentrado, más opaco y favorable para quienes llevan años disfrutando de una posición dominante.
Un mercado donde los más baratos no suelen ser los más poderosos
Una de las grandes incomodidades del sector es que, cuando aparece competencia real, los precios bajan. Y eso altera equilibrios muy consolidados. Las estaciones independientes han demostrado capacidad para presionar a la baja los precios, mientras las grandes redes mantienen una posición estructural mucho más fuerte en distribución, marca, logística y acceso al mercado. Esa tensión es precisamente la que convierte cualquier decisión administrativa en un asunto de enorme sensibilidad.
Porque si en un mercado oligopolístico se impone una interpretación rígida que ignora cómo funcionan realmente los precios, los márgenes y las posibilidades de competir, lo que se produce no es neutralidad institucional. Se produce una ventaja objetiva para quienes ya tienen espalda financiera, infraestructura y poder de resistencia.
Ahí es donde muchas voces del sector sitúan la alarma: en la idea de que se está confundiendo control con cerrojo. Y que ese cerrojo no pesa igual sobre todos.
Cuando la Administración se niega a abrir el foco
Toda democracia madura debería entender que, cuando un sector estratégico está bajo sospecha de concentración excesiva, la respuesta institucional no puede ser el silencio ni el cierre de puertas.
Si se plantean dudas razonables sobre el funcionamiento real del mercado, sobre la relación entre fiscalidad y competencia o sobre la conveniencia de consultar a autoridades independientes como la CNMC, negarse siquiera a ampliar el análisis no contribuye a despejar sospechas. Las alimenta.
Porque la negativa constante a revisar, preguntar o contrastar transmite una impresión peligrosa: que hay conclusiones que ya están decididas de antemano. Y cuando eso ocurre en torno a uno de los sectores más sensibles para la economía cotidiana de un país, la ciudadanía tiene derecho a desconfiar.
No se trata de afirmar sin prueba que existe una maniobra cerrada y deliberada. Se trata de algo más grave desde el punto de vista reputacional e institucional: la percepción de que el sistema no quiere examinar si sus propias decisiones están reforzando a los actores más poderosos.
Repsol, poder estructural y sospecha política
En este contexto, Repsol aparece inevitablemente en el centro del foco. No solo por su peso industrial y comercial, sino porque representa como pocas compañías la intersección entre energía, poder económico e influencia estructural.
Cuando además en la alta dirección de una empresa de esta dimensión confluyen perfiles con pasado político de primer nivel, las alertas aumentan. No porque eso pruebe nada por sí mismo, sino porque hace todavía más exigible la transparencia institucional y la separación absoluta entre interés general y concentración de poder.
El actual presidente de Repsol es Antonio Brufau y su consejero delegado, Josu Jon Imaz, fue dirigente del PNV antes de incorporarse a la compañía.
En ese terreno, lo más delicado no es solo lo que pueda demostrarse judicialmente. Lo más delicado es la imagen de fondo: un mercado en el que muchos perciben que competir contra el gran incumbente no depende solo de eficiencia, precio o capacidad empresarial, sino también de sobrevivir a un entorno normativo y administrativo que no siempre parece diseñado para facilitar la pluralidad.
Y en economía, como en política, las percepciones sostenidas no nacen de la nada. Nacen de patrones.
No es una fantasía: la competencia ya ha advertido sobre prácticas de cierre
La sospecha de un mercado blindado no surge de una consigna vacía. Llega en un momento en el que la propia autoridad de competencia ha sancionado a varias empresas del grupo Repsol por una política comercial que estrechó márgenes a estaciones de servicio low cost e impidió competir a operadores independientes, en un contexto donde además se reconoció su posición de dominio en el mercado mayorista nacional de combustibles para estaciones de servicio.
Ese dato no demuestra que Hacienda actúe para favorecer a nadie. Pero sí refuerza una preocupación legítima: si el principal actor del mercado ya ha sido señalado por conductas contrarias a la competencia, cualquier marco institucional que, además, complique todavía más la entrada o supervivencia de terceros exige una revisión crítica inmediata.
De lo contrario, la suma de factores empieza a dibujar un escenario inquietante: controles duros, barreras elevadas, negativa a ampliar el análisis y un resultado práctico que fortalece a quien menos necesitaría ayuda.
El consumidor, otra vez, es quien acaba pagando
En estas discusiones suele perderse de vista a la persona que llena el depósito. Pero al final todo desemboca ahí. Si las operadoras independientes o de menor tamaño tienen más dificultades para operar, si se reduce la presión competitiva y si el mercado vuelve a cerrarse sobre un puñado de actores con poder estructural, el efecto no tarda en sentirse en el precio final.
Y eso no es una abstracción ideológica. Es una consecuencia material. Menos competencia en carburantes significa menos tensión a la baja en precios. Y menos tensión a la baja significa más coste para millones de ciudadanos.
La CNMC ha venido señalando que las estaciones independientes son un factor real de competencia y que, en promedio, han ofrecido precios más bajos que las grandes redes en distintos periodos analizados.
Por eso este debate no pertenece solo al mundo fiscal ni al de los despachos regulatorios. Pertenece también a la economía doméstica, al transporte, al coste logístico y a la sensación creciente de que en España hay sectores donde el ciudadano siempre termina jugando con desventaja.
La gran pregunta que el Estado debería responder
La cuestión ya no es si el fraude de IVA debe perseguirse. La respuesta es sí. Sin matices. La cuestión es otra: si Hacienda puede garantizar, con la misma contundencia con la que actúa, que sus decisiones no están contribuyendo a blindar a los grandes operadores y a dificultar todavía más la competencia en un mercado ya extraordinariamente concentrado.
Mientras esa respuesta no llegue de forma clara, transparente y convincente, seguirá abierta una sospecha profundamente corrosiva: que bajo la retórica de la legalidad se está consolidando una estructura de poder económico donde competir de verdad se vuelve casi imposible.
Y cuando eso pasa en un sector esencial, el problema ya no es solo tributario. Es un problema de país.