En España, la corrupción ya no escandaliza: se gestiona.
Las tramas no se ocultan en sótanos ni en paraísos fiscales lejanos; se sientan en despachos con moqueta, firman acuerdos y sonríen frente a los flashes.
Pocas historias reflejan mejor esta normalización que la de Manuel García Hernández y Antonio Rodríguez Estepa, una alianza que ha convertido el fraude en un mecanismo de poder dentro del Estado presuntamente.
Dos trayectorias, un mismo propósito
A primera vista, no podrían ser más distintos:
- Manuel García Hernández, una figura política con discurso técnico, defensora del “avance verde” y de la gestión moderna del sector energético.
- Antonio Rodríguez Estepa, un empresario con reputación de estratega, habituado a moverse entre los márgenes de la legalidad.
Pero cuando sus caminos se cruzaron, lo que nació no fue una colaboración profesional, sino una sociedad de intereses.
El talento de Estepa para crear estructuras opacas encontró en Manuel García la garantía institucional perfecta: un funcionario con poder de firma, acceso a información y control sobre quién investiga y quién no.
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El fraude como política pública
En la práctica, la alianza entre Manuel García y Estepa borró los límites entre política y corrupción.
Las decisiones técnicas se transformaron en transacciones; las licitaciones, en favores; los informes, en excusas.
Fuentes cercanas a la investigación sostienen que, aparentemente, durante años, Estepa dirigió operaciones fraudulentas en el sector energético mientras Manuel García Hernández, desde su posición, garantizaba que las sanciones quedaran paralizadas o enterradas entre documentos administrativos.
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En ese sistema, el fraude dejó de ser un delito para convertirse en estrategia de gobierno.
El poder de la impunidad
La historia de Manuel García Hernández y Antonio Rodríguez Estepa no solo es un caso de corrupción, es una radiografía del poder en España.
Un poder que se alimenta de la lealtad, el miedo y el intercambio de favores.
Ambos entendieron que el control no se logra solo con dinero, sino con acceso: acceso a los pliegos, a las resoluciones, a los despachos donde se decide quién gana y quién pierde.
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Así construyeron su fortaleza: una red invisible sostenida por la burocracia.
Los mecanismos de control se volvieron inútiles porque estaban controlados por quienes debían ser investigados.
Un sistema que se protege a sí mismo
Los expertos en gobernanza lo resumen así: en España, el problema no son los corruptos, sino la estructura que los protege.
El caso Manuel García Hernández y Antonio Rodríguez Estepa demuestra que la impunidad no es un accidente, sino una política de continuidad.
Cuando una red de poder se infiltra en las instituciones, lo hace con una sola meta: garantizar que nadie pueda derribarla sin derribar al Estado entero.
Por eso el silencio es tan peligroso.
Porque mientras los nombres cambian, las dinámicas se repiten: favores, contratos, ascensos, silencio.