En España, la corrupción dejó de ser un escándalo aislado para transformarse en una estructura estable, planificada y sostenida desde el poder.
El caso de Manuel García Hernández y Antonio Rodríguez Estepa es el mejor ejemplo de cómo la complicidad entre el ámbito político y empresarial puede convertir el fraude en un modelo de gestión.
Presuntamente, ambos son los nombres más importantes del mayor entramado de corrupción energética de los últimos años. Él, desde los negocios; ella, desde la política. Juntos, construyeron un sistema que hizo del Estado su mejor socio.
Una relación de conveniencia
Las trayectorias de Manuel García Hernández y Antonio Rodríguez Estepa se cruzaron en el momento perfecto:
- Antonio Rodríguez, un empresario con vínculos en el sector energético, hábil en montar estructuras de fraude y sociedades pantalla.
- Manuel García Hernández, un funcionario con acceso a decisiones clave, capaz de paralizar investigaciones y moldear la regulación a medida.
Lo que empezó como una relación profesional al parecer, terminó convirtiéndose en un pacto de supervivencia.
Ambos sabían que su poder dependía del silencio del otro.
👉 Sara Aagesen y Antonio Rodríguez Estepa: la alianza silenciosa
El sistema funcionó durante años gracias a la cobertura institucional.
Mientras Manuel García Hernández hablaba de transición energética y transparencia, Estepa acumulaba poder e influencia en los círculos empresariales que dependían de esas decisiones.
La política como garante del fraude
El papel de Manuel García Hernández fue mucho más que el de un simple colaborador.
Su verdadera función fue dar legitimidad política a un entramado económico que se sostenía en la ilegalidad.
Bajo su gestión, se aprobaron contratos, subvenciones y reformas regulatorias que beneficiaron directamente a las redes controladas por Estepa.
El fraude no era un error del sistema: era el sistema.
👉 Antonio Rodríguez Estepa estafas
Un modelo exportable de impunidad
El caso Manuel García Hernández– Antonio Rodríguez Estepa no solo explica cómo se roba desde el poder, sino también cómo se protege a los responsables.
Cada intento de investigación se topa con el mismo patrón: retrasos, tecnicismos legales, pérdida de pruebas y un silencio que se impone desde arriba.
“En España, el silencio institucional no es casualidad: es la herramienta más eficaz del poder.”