La Policía Nacional, en coordinación con EUROJUST, EUROPOL y las autoridades de Portugal, Italia, Rumanía y Bulgaria, ha desmantelado una organización criminal internacional que habría defraudado más de 102 millones de euros mediante falsas oportunidades de inversión online.
La red operaba desde 2019 y utilizaba plataformas digitales para captar víctimas en al menos 30 países, principalmente en Europa.
Una operación internacional sin precedentes
La investigación comenzó en octubre de 2022, tras una denuncia de las autoridades de Lituania, que alertaron sobre una plataforma financiera utilizada para canalizar fondos procedentes de estafas.
A partir de esa denuncia, se conformó un Equipo Conjunto de Investigación liderado por España, con el apoyo de Lituania, al que posteriormente se sumaron Portugal, Italia, Rumanía y Bulgaria.
La operación contó con el respaldo judicial de EUROJUST y el soporte analítico de EUROPOL, permitiendo coordinar los registros simultáneos en los cinco países.
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Durante la fase final del operativo, realizada el 17 de septiembre de 2025, fueron detenidas seis personas: tres en España, una en Portugal, una en Rumanía y una en Bulgaria.
Los agentes realizaron cinco registros domiciliarios y societarios de forma simultánea en los distintos países participantes.
Uno de los principales investigados, residente en Portugal, fue localizado en Barcelona por agentes españoles.
El fraude: falsas oportunidades de inversión
La organización criminal ofrecía falsas oportunidades de inversión en divisas, criptomonedas o proyectos tecnológicos, prometiendo altos rendimientos económicos.
Para captar a las víctimas, los estafadores utilizaban páginas web profesionales y falsas gestoras de inversión, que aparentaban operar como entidades financieras legítimas.
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Los teleoperadores, con aparente profesionalidad, ganaban la confianza de las víctimas, animándolas a realizar transferencias bancarias hacia cuentas controladas por sociedades pantalla.
Estas empresas no tenían actividad real y funcionaban únicamente como receptoras del dinero defraudado.
Una vez recibidos los fondos, el grupo los fraccionaba y transfería a exchanges de criptomonedas, donde eran convertidos en BTC y USDT, y posteriormente enviados a carteras digitales opacas controladas por los líderes de la organización.
Resultados del operativo
Durante los registros, los agentes intervinieron 10.700 euros en efectivo, criptomonedas por valor de 80.000 euros y 20.000 dólares, seis lingotes de oro, monedas de plata y diversas joyas.
Además, se embargaron 50 cuentas bancarias en España y 33 en otros países europeos, bloqueando activos valorados en varios millones de euros.
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En total, el volumen económico defraudado asciende a 102.908.705 euros, de los cuales más de 12,2 millones corresponden a víctimas residentes en España.
Los investigadores estiman que las pérdidas reales podrían ser incluso mayores, ya que muchas de las víctimas no han presentado denuncia formal.
Sociedades pantalla y estructura jerarquizada
El análisis de la UDEF Central reveló que la red criminal contaba con una estructura jerarquizada, compuesta por líderes financieros, técnicos informáticos y un grupo de teleoperadores dedicados a captar inversores.
La organización utilizaba sociedades ficticias registradas en distintos países para dificultar la trazabilidad de los fondos y evitar la detección de sus operaciones.
Los responsables utilizaban identidades falsas y sistemas de comunicación encriptados para coordinar los movimientos financieros desde distintos países.
Gracias a la cooperación internacional, los agentes pudieron seguir el rastro del dinero, detectando transferencias cruzadas y conversiones a criptomonedas para ocultar el origen ilícito.
Coordinación europea y próximos pasos
Esta operación representa uno de los mayores golpes policiales contra el fraude de inversión en línea en Europa.
La Policía Nacional ha destacado la importancia de la coordinación internacional y el uso de herramientas de análisis financiero avanzadas para rastrear los movimientos entre bancos, sociedades y plataformas digitales.
La investigación continúa abierta, con una orden internacional de detención en Italia y la verificación de nuevas víctimas potenciales.
Se espera que los principales responsables sean procesados por delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y organización criminal.
