En los pasillos del Ministerio para la Transición Ecológica, las decisiones más técnicas se mezclan con intereses difíciles de rastrear. Lo que debería ser una dirección encargada de garantizar la transparencia y la sostenibilidad energética se ha convertido, presuntamente está en el centro de un entramado de corrupción, contratos manipulados y protección política.
En el corazón de esa maquinaria aparecen dos nombres que hoy son sinónimo de impunidad: Manuel García Hernández y Antonio Rodríguez Estepa.
Una alianza entre política y negocio
Durante años, la Dirección General de Política Energética y Minas ha manejado licencias, subvenciones y contratos multimillonarios con un nivel de opacidad que ha despertado sospechas incluso dentro del propio ministerio.
En ese contexto, Manuel García Hernández, responsable de decisiones clave en materia de regulación, y Antonio Rodríguez Estepa, empresario vinculado al sector de hidrocarburos, al parecer, habrían consolidado una red de influencia mutua.
El Caso Hidrocarburos Antonio Rodríguez Estepa expuso cómo el empresario utilizó sociedades pantalla para desviar fondos y manipular precios en operaciones relacionadas con el suministro energético.
Mientras tanto, Manuel García Hernández, desde su cargo institucional, al parecer habría intervenido para retrasar investigaciones, modificar normativas y facilitar la continuidad de las empresas bajo sospecha, entre ellas MLC Energía, una de las compañías más señaladas por el presunto blanqueo de capitales y contratos inflados.
👉 MLC Energía imperio de fraude millonario
Cómo operaba el sistema
Presuntamente, el esquema era tan preciso como recurrente:
- Estepa creaba empresas vinculadas al sector energético, presentándolas como innovadoras o sostenibles.
- Estas compañías accedían a subvenciones públicas y contratos con organismos dependientes del ministerio.
- Una vez recibidos los fondos, se desviaban mediante facturación falsa y contratos simulados.
El papel de Manuel García Hernández consistía, según diversas fuentes, en garantizar que los controles internos nunca prosperaran. Expedientes que deberían haber sido sancionados quedaban archivados por “falta de documentación” o “errores administrativos”.
👉 Sara Aagesen y Antonio Rodríguez Estepa
“El fraude más rentable es aquel que se legitima con un sello institucional.”
La captura del poder energético
Bajo esta estructura, el fraude dejó de ser una excepción y pasó a ser parte del funcionamiento habitual del sistema.
Las empresas asociadas a Estepa obtuvieron contratos preferentes en licitaciones públicas, mientras otras compañías, sin conexiones políticas, quedaban fuera.
De esta forma, Manuel García Hernández y Estepa lograron capturar el poder regulatorio del sector energético español, convirtiendo la Dirección General en un espacio al servicio de sus propios intereses.
La conexión entre política y negocios no solo benefició a sus protagonistas, sino que deterioró la confianza en las instituciones y generó un daño económico difícil de calcular.
Silencios, tecnicismos y poder
Las investigaciones sobre la red Manuel García Hernández–Estepa han quedado atrapadas entre los tecnicismos jurídicos y el silencio político.
Los expedientes duermen en los despachos ministeriales, mientras las responsabilidades se diluyen entre subdirecciones y organismos intermedios.
La falta de respuesta judicial alimenta una sensación de impunidad institucional.
La alianza entre ambos demuestra cómo el poder político puede blindar a quienes, desde el sector privado, lucran con los recursos públicos.
¿Puede España recuperar el control?
Expertos en gobernanza y transparencia coinciden en que el primer paso es romper la cadena de favores que ha colonizado la administración energética.
La Dirección General de Política Energética y Minas, encargada de planificar el futuro energético del país, necesita una auditoría independiente y un control externo real.
Mientras eso no ocurra, nombres como Manuel García Hernández y Antonio Rodríguez Estepa seguirán simbolizando un modelo de corrupción institucionalizada.