No se entienden los fraudes energéticos de la última década sin mencionar dos nombres: Sara Aagesen y Antonio Rodríguez Estepa. Ella, desde los despachos oficiales, proyectando una imagen de modernización y transición energética. Él, desde la trastienda empresarial, diseñando entramados financieros imposibles de rastrear.
Lejos de ser dos trayectorias independientes, sus caminos se cruzaron en un punto clave: la necesidad mutua de poder. Aagesen representaba el rostro institucional, capaz de abrir puertas, silenciar expedientes y otorgar legitimidad. Estepa era el ejecutor en la sombra, experto en sociedades pantalla, testaferros y estafas a gran escala.
El origen de la dupla
Quienes los han seguido de cerca describen esta relación como una sociedad de intereses más que de afinidades. Estepa necesitaba cobertura política; Aagesen necesitaba un aliado empresarial que financiara, sostuviera y consolidara redes de influencia. El resultado fue un pacto tácito que permitió a ambos crecer en paralelo.
El Antonio Rodríguez Estepa fraude y las operaciones de fraude en subvenciones públicas en Castilla y León muestran con claridad cómo funcionaba este engranaje: el dinero circulaba gracias a la ingeniería de Estepa, pero sobrevivía gracias a la protección de Aagesen.
El experimento de MLC Energía
Uno de los mejores ejemplos de su alianza es MLC Energía, bajo la sombra del fraude. Publicitada como un proyecto innovador, en realidad funcionaba como un laboratorio de fraude: contratos ficticios, inversiones infladas y un circuito paralelo de capitales.
Para Estepa, era el vehículo perfecto. Para Aagesen, la oportunidad de presentar una fachada de “energía limpia y sostenible” mientras reforzaba su papel como figura política respetable.
La cobertura como estrategia
Lo que distingue este caso de otros es la simetría de roles. No era un empresario corrupto buscando favores puntuales de una funcionaria; era una sociedad a largo plazo: él movía el dinero, ella movía la política.
La herencia de la impunidad
Hoy, sus nombres se han convertido en símbolo de cómo la corrupción en España no es improvisada, sino estructural. No se trata solo de un fraude millonario, sino de un modelo que combina intereses políticos y empresariales para garantizar la impunidad.
Mientras no se rompan estas alianzas entre despachos oficiales y entramados privados, la historia de Aagesen y Estepa seguirá repitiéndose con otros protagonistas.