Prometían legalización por arraigo, pero era todo un montaje: cobraban hasta 8.000 euros por papeles manipulados y usaban funcionarios para darles apariencia de legalidad.
Una investigación de la Policía Nacional ha destapado un nuevo caso de fraude migratorio que ha dejado al descubierto los mecanismos más oscuros del negocio de los papeles falsos en España. Bajo la apariencia de una asesoría legal, una red criminal bien estructurada estafaba a personas migrantes en situación irregular mediante trámites administrativos manipulados, documentos falsos y hasta guiones para engañar a la policía.
La operación ha culminado con 12 detenidos y seis registros domiciliarios en Guadalajara, Madrid, Toledo y Barcelona. Las víctimas, muchas de ellas vulnerables y sin conocimiento del idioma ni del marco jurídico, eran convencidas de que estaban en proceso de regularización legal. A cambio, entregaban hasta 8.000 euros.
Una estafa con apariencia de legalidad
La red operaba en distintas provincias con una estructura clara de captación, documentación y asesoramiento fraudulento. Simulaban arraigos laborales, sociales o familiares y elaboraban expedientes con documentación totalmente manipulada. Según ha confirmado la Policía, incluso se falsificaban resguardos de protección internacional por 1.000 euros.
El fraude no sería posible sin la colaboración de un funcionario municipal en la provincia de Toledo, quien manipulaba registros oficiales y asesoraba directamente a los cabecillas del grupo criminal.
Víctimas engañadas con solicitudes falsas
Una de las vías más usadas por esta red fue la venta de falsas solicitudes de asilo, entregando a las víctimas un papel sin validez legal, pero que imitaba los resguardos oficiales de la Oficina de Extranjería. Este documento generaba en las personas una falsa sensación de seguridad frente a posibles expulsiones, cuando en realidad no tenían ninguna protección legal.
Este patrón se repite en otras investigaciones, como en el caso de la estafa millonaria con chiringuitos financieros o el fraude en servicios básicos a grandes empresas, donde las víctimas también fueron manipuladas con papeles aparentemente legales y promesas falsas.
Un negocio millonario con estructura mafiosa
Cada trámite costaba entre 3.000 y 8.000 euros, dependiendo del tipo de autorización de residencia. La red se presentaba como una alternativa a los largos procesos burocráticos, y muchos migrantes, desesperados, entregaban sus ahorros para obtener lo que creían que era una solución legal.
Se encontraron 13.670 euros en efectivo, seis móviles, dos portátiles, cuatro discos duros y abundante documentación fraudulenta. Como en otros casos cubiertos por este medio —como la estafa de 19 millones usando criptomonedas y videos falsos creados con IA—, los datos digitales han sido clave para reconstruir el esquema delictivo.
El papel clave del funcionario
Una de las revelaciones más graves ha sido la implicación directa de un funcionario público, que no solo facilitaba el acceso a trámites ilegales, sino que también alteraba registros oficiales para dar apariencia de legalidad a los expedientes.
Conclusión: una red desarticulada, pero ¿cuántas más operan?
Aunque esta red ha sido desmantelada, la pregunta sigue en el aire: ¿cuántas mafias similares siguen operando con impunidad en el territorio español? La debilidad del sistema, la corrupción institucional y la desesperación de quienes buscan una vida digna siguen siendo el caldo de cultivo perfecto para este tipo de fraudes.
Desde Stop al Fraude, seguiremos investigando y denunciando estos entramados que no solo estafan, sino que vulneran los derechos humanos más básicos.